Es mi firma. ¡Un respeto!

¿Estamos obligados a firmar recetas de otros?

NO existe NUNCA obligación de firmar NINGÚN documento. Y una receta oficial es un documento. Se diría que tantos años de actuar como máquinas firmadoras, nos hacen perder la perspectiva.

Si alguien en la vida privada nos dijera que estamos a obligados a firmar un documento seguramente responderíamos que sólo lo haremos en caso de estar totalmente de acuerdo con su contenido. Pues en el ámbito profesional, exactamente igual, sin matices ni excepciones. En ningún caso estamos obligados a firmar un documento. Por tanto sólo debemos firmar aquellos de cuyo contenido podamos responder en su integridad en términos de aceptación, acuerdo, responsabilidad, acreditación y certeza. No importa si el documento es una receta, un informe, un certificado (cuidado, documento oficial), un parte de baja o alta, una indicación de exploración complementaria o una felicitación navideña.
NADIE PUEDE OBLIGAR A FIRMAR NADA A NADIE, independientemente de su nivel jerárquico o técnico. Y por supuesto aquí incluyo a los legisladores. Dicho de otro modo, no hay disposición legal alguna, sea cual sea su rango, que obligue a nadie a estampar su firma en un documento.

Y por una cuestión de cumplimiento de funciones, dignidad profesional, garantía para los pacientes y seguridad jurídica propia, yo recomendaría que nadie firme un documento cuyo contenido no comparta, acredite y asuma plenamente, porque, eso sí, en el momento en el que eres firmante, eres responsable completo de su contenido.
Es decir, que cuando alguien diga o escriba eso tan manido de «tienes que firmar», ya podemos asegurar que incurre en una contradicción de términos clara.

Al hilo de todo esto, me llama la atención que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid publique una normativa excluyendo a los servicios de urgencia de la obligación de uso de la receta oficial del SNS que afecta al conjunto de todos sus servicios de salud. Sé bien que en la práctica muchos servicios de urgencia no usan la receta oficial, pero con la normativa general sobre uso de receta oficial, estoy casi seguro de que están obligados a hacerlo y, sin ser jurista, diría que publicar una normativa que precisamente se lo prohibe, produce un conflicto de rango de norma, donde la autonómica tiene las de perder.

Mantengamos en este tema una dignidad profesional que parece que la mayoría de nosotros hemos olvidado con el pretexto de «para no perjudicar al paciente». Como si dedicar nuestro tiempo a funciones burocráticas (por tanto perfectamente prescindibles) o propias de otros ámbitos (administrativas de los servicios hospitalarios o de dispensación de las oficinas de farmacia), no fuera claramente perjudicar a unos pacientes, a los que apenas podemos dedicar tiempo como médicos que somos.

Toni Bayón
Médico de familia
(Fragmento de un mensaje enviado al Grupo Antiburocracia de Madrid)

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