Tengo un «pobre» paciente que, de viaje por Canarias -concretamente en Tenerife-, se puso enfermo. Le diagnostican una neumonía y le ponen Actira 400 (moxifloxacino). Actira 400 con 7 comprimidos vale más de 30 euros.
En vez de hacerle su receta, en las urgencias del hospital de Tenerife le dan un P10 (ver debajo del este párrafo) para que lo pueda comprar en la farmacia. El paciente, al ver el precio, decide venirse a Madrid sin comprarlo, pero llega en los festivos de Navidad. Se va al punto de atención del SUMMA 112, donde, en el informe (debajo del P10 de Tenerife), escriben que no disponen de recetas y que el paciente refiere que el antibiótico cuesta mucho dinero. Posteriormente, se dirige al servicio de urgencias del hospital, y allí le explican (el informe de debajo del que le hicieron en el SUMMA 112) que, ni tienen el antibiótico, ni recetas. Le recomiendan que se vaya a una farmacia, que lo compre y que luego venga a que yo, su médico de familia, le haga la receta… Yo le expliqué al paciente que el procedimiento legalmente establecido para su situación era que le tramitáramos un «reintegro de gastos», pero que un via crucis de 4 estaciones para una receta, ya me parecía suficiente y… le hice la receta. Además intenté hacer de médico y preguntarle por la evolución clínica de su enfermedad que, a pesar de la organización del Sistema Nacional de Salud, parecía satisfactoria.
¿Se puede ser más kafkiano e ineficiente? Surrealismo hispano en estado puro. Tengo que reconocer que los servicios de urgencias de Madrid han cumplido escrupulosamente con la normativa impulsada por el exconsejero Güemes y la exviceconsejera Sánchez. El único que ha tenido que saltarse la aplicación estricta de las normas soy yo, que he hecho la receta.
José Luis Quintana, médico de familia.